El pasado día 05.12.2022 el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Industria que refuerza el papel de la industria en la estructura económica y social de España y su contribución a la doble transición verde y digital, fortalece la soberanía estratégica industrial y adopta los instrumentos de política industrial para mejorar la competitividad de la industria española en la esfera internacional. Se trata de una reforma contemplada en el Plan de Recuperación y moderniza el marco jurídico industrial al sustituir a la actual ley, que data de 1992.
Características del anteproyecto de Ley de Industria
Los principales objetivos de la norma son los siguientes:
- La garantía de la libertad de establecimiento de empresas industriales.
- La protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa.
- La promoción de un entorno favorable a la generación de ecosistemas industriales y el impulso de proyectos tractores y de interés general.
- La promoción industrial y la mejora de su competitividad.
- La internacionalización de la empresa industrial, así como la atracción de inversiones estratégicas y tractoras de la economía.
- La promoción y control de la seguridad y calidad industrial y el establecimiento del régimen general de responsabilidad industrial.
- La planificación estratégica de la actividad industrial, y la salvaguardia de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico.
- El fortalecimiento institucional de los agentes y sistemas de gobernanza del ecosistema industrial y la colaboración entre ellos.
Se consideran dentro del ámbito de aplicación de la norma las industrias manufactureras y actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos. También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.
Prioridades del anteproyecto
La nueva norma establece que la Administración General del Estado promoverá y desarrollará líneas de ayudas que favorezcan la modernización, el desarrollo y la competitividad industrial. Los beneficiarios de las ayudas otorgadas deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en caso de grandes empresas y tres en caso de pymes.
Entre las prioridades destacan:
1-Estructuras de gobernanza del ecosistema industrial español
Creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria.
2-Desarrollo de los ecosistemas industriales e impulso de proyectos tractores y de interés general
El anteproyecto de Ley de industria regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes:
- significativo volumen de inversión y empleo indefinido,
- proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional,
- o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.
Medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial
Se reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía y medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización.
Asimismo, se presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.
La norma introduce la figura de la refinanciación de préstamos para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.
Ordenación de los procesos de reindustrialización
Se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo. Deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados.
Industria estratégica y agentes de financiación
Se define a las industrias estratégicas, ligando el catálogo de recursos y capacidades recogidas en la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI) con la declaración de proyectos de interés general.
Entre los agentes de financiación, destacan el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) y el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP).
Como agentes de ejecución la norma recoge a la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
Seguridad industrial
La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o del funcionamiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso, almacenamiento o desecho de los productos industriales.
En caso de riesgo grave e inminente, la administración competente podrá acordar la paralización temporal, total o parcial, de la actividad o instalación causante del riesgo, requiriendo a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten su funcionamiento a las normas reguladoras.
Se regula un Registro Integrado Industrial, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para integrar la información sobre la actividad industrial, y elaborar estadísticas a nivel nacional.
Sanciones e infracciones
La norma detalla el régimen de infracciones y sanciones. Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta norma será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.
